~~* Delito de atentado a agente de la autoridad. * Diferencias entre el delito de atentado y el delito de resistencia. Jurisprudencia de la Sala. * Esta Sala Casacional encuadra constantemente los acometimientos que consisten en puñetazos en el delito de atentado. * Requisitos de la figura contenida en el art. 550 del C. penal. * Elementos subjetivos: análisis. * "Error facti": desestimación. * Presunción de inocencia: prueba suficiente de cargo, valorada con racionalidad

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Roj: STS 3116/2014
Id Cendoj: 28079120012014100561
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1937/2013
Nº de Resolución: 580/2014
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
Tipo de Resolución: Sentencia
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Julio de dos mil catorce.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional
que ante Nos pende, interpuesto por las representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge ,
contra Sentencia núm. 76/2013, de 25 de junio de 2013 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Madrid, dictada en el Rollo de Sala núm. 51/2011 , dimanante del P.A. 7862/2008 del Juzgado de Instrucción
núm. 22 de los de dicha Capital, seguido por delitos de atentado y otros contra Evaristo , Jorge , Roman
, Jose Miguel , Abilio , Ceferino , Faustino y Jacobo ; los componentes de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y Fallo, bajo la
Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el
Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por: Evaristo por la Procuradora de los Tribunales
Doña María Teresa Fernández Tejedor y defendido por la Letrada Doña Rosa María Remesal Bárcena, y
Jorge por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Fernández Tejedor y defendido por el Letrado
Don José Gabriel Remilla Sánchez.
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 22 de los de Madrid, incoó P.A. núm. 7862/2008 por delito
de atentado y otros contra Evaristo , Jorge , Roman , Jose Miguel , Abilio , Ceferino , Faustino
y Jacobo , y una vez concluso lo remitió a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de dicha Capital,
que con fecha 25 de junio de 2013 dictó Sentencia núm. 76/2013 , que contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS:
"El día 28 de noviembre de 2008 sobre las 4.30 horas el acusado Evaristo , que caminaba por la calle
Carranza de Madrid junto el también acusado Jorge y seguidos a unos metros del acusado Abilio , arrojó un
contenedor de basura a la calzada cuando circulaba por ella un vehículo taxi cuyo conductor tuvo que dar un
volantazo para esquivarlo deteniendo en ese momento el vehículo y descendiendo del mismo para recriminar
a Evaristo lo que había hecho; en ese momento circulaba por el lugar un vehículo de la policía nacional
camuflado en el que viajaban los agentes del Cuerpo Nacional de Policía Ceferino (carnet profesional núm.
NUM000 ) Faustino (carnet profesional NUM001 ) y Jacobo (carnet profesional núm. NUM002 ) que
se encontraban de servicio vestidos de paisano y que al ver lo que acababa de ocurrir detuvieron la marcha
del vehículo descendiendo del mismo y dirigiéndose hacia el lugar en el que se encontraba el taxista y los
acusados que se han citado identificándose como policías y pidiéndoles la documentación reaccionando tanto
Evaristo como Jorge de forma violenta, de forma que Evaristo dio un puñetazo al agente NUM000 teniendo
que ser reducido por este agente, que el al tiempo pedía refuerzos por el equipo de transmisión que tenía en
la mano, junto con su compañero el agente NUM001 , mientras que el agente NUM002 recibió un golpe
en el cuello que le propina Jorge agarrándole el agente para tratar de reducirle cayendo los dos al suelo
golpeándose Jorge en la cara y el agente en una mano. Mientras esto sucedía habían llegado al lugar en el que
estaban desarrollándose estos hechos un grupo de unas cinco o siete personas entre las que se encontraban
los acusados Roman y Jose Miguel y algunos de los integrantes de este grupo lanzó golpes o patadas a
los tres agentes sin que esté suficientemente acreditado que alguno de ellos fuera Roman o Jose Miguel .
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El agente con carnet NUM000 como consecuencia del puñetazo que le propinó Evaristo sufrió lesiones
consistentes en contusión en región malar derecha de la que curó a los siete días con la primera asistencia
facultativa.
El agente con carnet NUM001 sufrió lesiones consistentes en dolor en región dorsal y edema en mano
y cuarto dedo de la mano izquierda producida por alguna patada lanzada contra él por persona no identificada
y curó de estas lesiones a los siete días con una única asistencia facultativa.
El agente con carnet NUM002 como consecuencia del golpe que le propinó Jorge sufrió lesiones
consistentes en erosión y dolor en región cervical sufriendo también un edema inflamatorio en dorso de la
mano derecha al golpearse con ella en el suelo al caer junto con su agresor.
Jorge tuvo que ser asistido de una herida inciso contusa en región superciliar derecha que precisó para
su curación la aplicación de puntos de sutura, hematoma periorbitario y hematoma contuso en región malar
izquierda curando a los 12 días de los que 9 estuvo impedido.
Evaristo tuvo lesiones consistentes en hematoma periorbitario derecho, contusión en labio inferior y
contusión en tórax durante una única asistencia facultativa a los 12 días."
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"1.- Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Roman , Jose Miguel y Abilio del delito
de atentado y de la falta de lesiones de las que venían siendo acusados declarando de oficio tres octavas
partes de las costas procesales.
2.- Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Ceferino , Faustino y Jacobo del delito
contra la integridad moral del que venían siendo acusados, así como a los dos primeros de la falta de lesiones
y al tercero del delito de lesiones de los que también eran acusados declarando de oficio tres octavas partes
de las costas procesales.
3.- Que debemos condenar y condenamos a los acusados Evaristo y Jorge como responsables en
concepto de autores a cada uno de ellos de un delito de atentado y de una falta de lesiones, concurriendo
la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas siguientes: un año de prisión e inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo por el delito y un mes de
multa con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago por la falta,
debiendo indemnizar Evaristo al agente con carnet profesional NUM001 en la cantidad de 350 euros y
Jorge al agente con carnet profesional NUM002 en 350 euros, así como al pago cada uno de ellos de una
octava parte de las costas procesales.
Para el cumplimiento de la pena se le abona todo el tiempo que ha estado en prisión provisional por
esta causa.
Y aprobamos el auto de insolvencia consultado por el Instructor."
TERCERO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso
de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional por las
representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge , que se tuvo anunciado; remitiéndose a
esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución,
formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO.- El recurso de casación formulado por la representación legal de Evaristo se basó en los
siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1º. - Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por aplicación indebida de los arts.
550 y 551 del C. penal y por inaplicación indebida del art. 556 del C. penal .
2º. Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por inaplicación indebida del art. 634
del C. penal .
3º.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 por inaplicación como como muy cualificada de la
circunstancia atenuante analógica de la responsabilidad criminal del art. 21.6 del C. penal .
4º.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la LECrim ., al existir error en la apreciación
de la prueba basado en documentos obrantes en autos, en concreto informes médicos fotografía e informes
médicos forenses obrantes en las actuaciones.
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5º.- Por infracción de Ley al amparo del art. 852 de la LECrim ., por infracción de la presunción de
inocencia, del art. 24.2 de la CE , y art. 5.4 de la LOPJ .
1º.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por inaplicación del art. 175 del C
penal , por inaplicación del art. 147.1 del C. penal o subsidiariamente y en su caso por inaplicación indebida
del art. 152.1 del citado cuerpo legal .
2º.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la LECrim ., al existir error en la apreciación de
la prueba basada en documentos obrantes en autos, en concreto informes médicos, fotografías e informes
médico forenses obrantes en las actuaciones.
3º.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.2 de la LECrim ., al expresar la sentencia que
los hechos alegados por esta acusación no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren
probados.
El recurso de casación formulado por la representación legal del acusado Jorge , se basó en los
siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1º.- Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849 de la LECrim ., en relación con
el art. 556 del C. penal .
2º.- Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849.2 de la LECrim .
3º.- Por infracción de precepto constitucional, art. 24.1 y 2 de la CE derecho a la tutela judicial de los
jueces y derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del art. 850.3 de la LECrim .
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de
vista para su resolución e impugnó todos los motivos por las razones expuestas en su informe de fecha 8
de abril de 2014; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando
por turno correspondiera.
SEXTO.- Hecho el señalamiento para el Fallo se celebraron la deliberación y votación prevenidas el
día 10 de julio de 2014, sin vista.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, tras diversos pronunciamientos
absolutorios, condenó a Evaristo y Jorge como autores criminalmente responsables de un delito, cada uno
de ellos, de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, igualmente a cada uno de ellos, a las
penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, frente a cuya resolución judicial han interpuesto este
recurso de casación los aludidos acusados en la instancia, recursos que pasamos seguidamente a analizar
y resolver.
Recurso de Evaristo .
SEGUNDO.- Este recurrente ha sido condenado por la comisión de un delito de atentado frente al
agente de la policía nacional número NUM000 , así como la causación de una falta de lesiones, formalizando
su primer motivo por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , invocando la indebida aplicación de los artículos 550 y 551 del Código Penal , y
reclamando en suma, la concurrencia en su actuar el art. 556, esto es, considerando que su conducta puede
ser calificada como de delito de resistencia.
Los argumentos que se mantienen por el autor del recurso son dos: primeramente, dada la escasa
entidad del acometimiento «realizado por mi cliente, fruto más bien del forcejeo que de una voluntad de atentar
contra la integridad del agente de la autoridad»; y en segundo lugar, porque se dice que el ahora recurrente, de
nacionalidad filipina, no entendía el idioma español (hubo de ser asistido por intérprete de tagalo), y desconocía
la condición de funcionarios de la autoridad de los policías actuantes.
El motivo no puede ser estimado.
En efecto, desde la primera perspectiva porque la actuación del recurrente no puede ser calificada de
escasa entidad. Los hechos probados -intangibles en esta vía casacional- narran que, tras arrojar Evaristo
un contenedor de basura a la calzada, provocando que un taxi que por allí transitaba hubiera de hacer una
maniobra de evasión, fue pedida su documentación por unos policías que, identificados como tales, pasaban
en aquel momento por dicho lugar en un vehículo camuflado, reaccionado este recurrente -como así lo hizo el
también acusado Jorge - con violencia, propinando un puñetazo al agente número NUM000 , teniendo que
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ser reducido por este policía (que hubo de pedir inmediatamente refuerzos), mientras que el agente NUM002
recibió un golpe en el cuello que le propinó Jorge , golpeándose éste en la cara al caer al suelo, tal y como
señala la resultancia fáctica de la recurrida. El citado funcionario NUM000 sufrió como consecuencia de la
agresión lesiones consistentes en contusión en región molar derecha (de la que curó a los siete días, tras una
primera asistencia facultativa).
Nuestra jurisprudencia es constante en encuadrar los acometimientos que consisten en puñetazos en
el delito de atentado.
La figura del atentado, contemplada en el artículo 550 del Código Penal , abarca tanto el acometimiento
o la fuerza como la resistencia activa, también grave, contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de las
funciones de su cargo o con ocasión de ellas. En consecuencia, la figura delictiva del artículo 556 del Código
Penal , cuya aplicación pretende el recurrente, queda limitada a la resistencia no grave o pasiva a la que se
equipara la desobediencia grave.
En cuanto a la acreditación de la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito de
atentado, la jurisprudencia - por ejemplo STS 328/2014, de 28 de abril - ha perfilado estos elementos:
a) El carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario publico en el sujeto pasivo, conforme
aparecen definidos estos conceptos en el art. 24 CP .
b) Que el sujeto pasivo se halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Esto
es que tal sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de las funciones propias del cargo que desempeña o que
el hecho haya sido motivado por una actuación anterior en el ejercicio de tales funciones.
c) Un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia
activa también grave. Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se de con una acción
directamente dirigida a atacar a la autoridad (a sus agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia
que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegar a consumarse. Lo esencial
es la embestida o ataque violento. Por ello se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del
sujeto pasivo, que si concurre se penará independientemente ( SSTS 672/2007 de 19.7 y 309/2003 de 15.3 ),
calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir
materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con el ataque o acometimiento ( SSTS 652/2004 de
14.5 , 146/2006 de 10.2 ), con independencia de que el acometimiento se parifica con la grave intimidación,
que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito
agresivo.
Entre los segundos (elementos subjetivos) deben concurrir:
a) conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo cuya protección
no puede depender del uso del uniforme en el momento en que se ejerce la autoridad, dado que el uniforme
sólo permite el inmediato reconocimiento del agente, siendo indiscutible que habiéndose identificado el agente
como tal y haber tenido conocimiento de ello el acusado, se cumplieron todas las exigencias del elemento
cognitivo del mismo.
b) el elemento subjetivo del injusto, integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio
de autoridad, cuya concurrencia en el caso presente no puede ser cuestionada.
En efecto, el dolo es un elemento intelectivo, supone la representación o conocimiento del hecho, que
comprende el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la
acción.
El elemento subjetivo del injusto integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio
de autoridad, que "va insito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que
permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido", entendiéndose que quien agrede,
resiste o desobedece conociendo la condición del sujeto pasivo "acepta la ofensa de dicho principio como
consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado", matizándose que "la presencia de un
animus o dolo específico ... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su
acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo
grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo aquél otras finalidades, le
consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado
por causa de su proceder" ( STS 431/1994, de 3 de marzo ; SSTS 602/1995, de 27 de abril y 231/2001, de 15
de febrero ). También esta Sala Segunda, ha declarado que tal ánimo se presume y que "el dolo de este delito,
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en tanto conocimiento de los elementos del tipo objetivo contiene ya todos los elementos que demuestran
que el autor quiso obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien sabe que se está
desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la autoridad que el agente representa" , sin que se
requiera "una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la
acción" de modo que el dolo consistirá en agresión, resistir o desobedecer a los agentes de la autoridad en el
desempeño de sus funciones y deberes, con conocimiento de esa condición y voluntad de ejecutar la acción
típica ( STS 743/2004 de 9.6 ).
Es así que la jurisprudencia y la doctrina consideran que la resistencia típica, consiste en el ejercicio
de una fuerza eminentemente física, que supone el resultado exteriorizado de una oposición resuelta al
cumplimiento de aquello que la autoridad a sus agentes conceptúan necesario, en cada caso, para el buen
desempeño de sus funciones. Si esta resistencia se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de
grave, entra en juego la figura del artículo 550 del Código Penal . También existe atentado en los supuestos
en que existe un acometimiento físico consistente en una acción dirigida frontalmente contra las autoridades o
sus agentes. La jurisprudencia ha equiparado el acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada),
con la utilización de medios agresivos materiales ( STS 18-3-2000 , entre otras muchas posteriores). El
ánimo de ofensa, menosprecio o falta de respeto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan
circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido.
Cuando la autoridad o el agente -y el funcionario público- actúa en el ámbito de sus atribuciones y dicha
condición es conocida del sujeto, la acción violenta sobre su persona, dentro de las especificaciones objetivas
de dicho artículo y directamente relacionadas con el ejercicio de tales funciones o con ocasión de las mismas,
evidencien la voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo de vulnerar o dejar
malparado el principio de autoridad ( STS 23-5-2000 ).
El acto típico del atentado está constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave
o resistencia también grave. En cuanto al acontecimiento tanto vale como embestida, ataque o agresión,
equiparándose los actos corporales (puñetazos, patadas) con la utilización de medios agresivos materiales
( STS 98/2007 de 16.2 ). No obstante la actual jurisprudencia ( SSTS 778/2007 de 9.10 , 981/2010 de 16.11 ),
ha estimado atenuado la radicalidad del criterio anterior en la distinción entre los delitos de atentado (art.
550) y resistencia y desobediencia grave (art. 556) y que entendía que la resistencia se caracterizaba por
un elemento de naturaleza obstativa, de no hacer, de pasividad, contrario al delito de atentado que exigía,
por el contrario, una conducta activa, hostil y violenta, dando entrada en el tipo de resistencia no grave "a
comportamientos activos al lado del pasivo que no comportan acometimiento propiamente dicho ( SSTS de
3/10/96 u 11/3/97 ). La STS de 18/3/00 , como recuerda la de 22/12/01 , se refiere a la resistencia típica como
aquella consistente en el ejercicio de una fuerza eminentemente física (...) de forma que si dicha resistencia
se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave, integra la figura del artículo 550 C.P .
Por ello, los elementos normativos a ponderar se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad
de la conducta del sujeto activo, y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo
sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones, debiendo
igualmente subrayarse que hoy en día el bien jurídico protegido, más que el tradicional principio de autoridad,
lo constituye la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones pública.
De acuerdo con lo relatado en el hecho probado y conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta la
conducta del hoy recurrente aparece correctamente calificada como atentado, pues el acusado no se limita
a oponerse a la actuación de los agentes, sino que lanza un puñetazo al agente, efectuando un acto de
acometimiento con violencia física que como se ha expuesto constituye el delito por el que ha sido condenado
el recurrente.
Desde esta perspectiva, el motivo no puede prosperar.
Tampoco desde la pretensión de que en el ánimo del recurrente no se albergaba la vulneración de aquel
principio, puesto que en los hechos probados, intangibles en esta vía casacional, dado el cauce que alumbra
el motivo, consta que los policías se identificaron correctamente como tales, siendo entonces indiferente el
grado de conocimiento del idioma español, que por lo demás no impediría la consumación del delito, al ser
sobradamente sabido por cualquier persona el hecho de la identificación policial, previa a la actuación de los
agentes de policía mediante la exhibición de su placas o actuación similar.
En consecuencia, esta censura casacional no puede prosperar, lo que arrastra la desestimación del
segundo motivo en donde el recurrente pretende la calificación de los hechos en la falta definida en el art. 634
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del Código Penal . Un puñetazo lanzado al rostro de un agente en el ejercicio de sus funciones no puede ser
considerado -exclusivamente- como una falta de respeto.
TERCERO.- En el tercer motivo se solicita que la atenuante de dilaciones indebidas sea conceptuada
como muy cualificada. La Sala sentenciadora de instancia entendió que desde que se recibió el procedimiento
en sede de la Audiencia Provincial hasta que pudo señalarse fecha para la celebración del acto del juicio oral
transcurrieron prácticamente dos años, siendo así que han tardado casi cinco años en enjuiciarse.
Aunque la tardanza merece la estimación de la atenuante y la rebaja de penalidad que ha establecido
la Audiencia situando la pena en su mínima extensión posible, lo que posibilitará la suspensión de la condena
en fase de ejecución si se cumplen los demás requisitos, es lo cierto que nuestra jurisprudencia ha exigido
paralizaciones más largas para conceder la meritada atenuante en el grado de muy cualificada.
El motivo no puede prosperar.
CUARTO.- En el motivo cuarto, y al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , el autor del recurso invoca como documentos literosuficientes un informe médico, fotografías
y partes de baja y alta que evidencian que Evaristo sufrió lesiones consistentes en un hematoma y
diversas contusiones que «hace inviable cualquier agresión hacia el policía que practicó la detención, pues
mi defendido, una vez agredido, fue inmovilizado en el suelo por dos policías».
La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes
requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga
significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia
de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que se citen con toda precisión
los documentos en que se base la queja casacional, incorporados a la causa, con designación expresa de
aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido; c) que tales documentos sean
literosuficientes, es decir, que basten por sí mismos para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende,
evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos
argumentales; d) que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o contradicha merced a otras pruebas
que obren igualmente en la causa; e) que el recurrente lleve a cabo, al menos, una mínima justificación
argumental como causa de la impugnación; f) que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum"
derivada del error de hecho denunciado en el motivo; y g) que tal rectificación del "factum" no es un fin en sí
mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar
una subsunción jurídica diferente de la que se impugna.
De los documentos esgrimidos por el recurrente en el desarrollo del motivo no se deduce la conclusión
que quiere alcanzar el recurrente, sino que exclusivamente se reflejan, objetivándolas, las lesiones sufridas
por el mismo, en el curso de su pelea con los policías a causa de la petición de documentarse ante ellos,
razón por la cual el motivo no puede prosperar.
QUINTO.- El quinto motivo se articula por vulneración de la presunción constitucional de inocencia, al
amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
El principio constitucional de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre
las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que
corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 de la Constitución española ;
2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar
tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de
racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; 3º) que tales pruebas
se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas
y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) dichas pruebas incriminatorias han de estar a
cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que solamente la ausencia o vacío probatorio
puede originar la infracción de tal derecho fundamental, pues la función de este Tribunal Supremo, al dar
respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración
probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, y lo dispuesto
en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pues únicamente al Tribunal sentenciador pertenece tal
soberanía probatoria, limitándose este Tribunal a verificar la siguiente comprobación:
1ª. Comprobación de que hay prueba de cargo practicada en la instancia ( prueba existente ).
2ª. Comprobación de que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías
exigidas por la Constitución y las leyes procesales ( prueba lícita ).
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3ª. Comprobación de que esa prueba de cargo, realmente existente y lícita, ha de considerase bastante
para justificar la condena ( prueba suficiente ).
4ª. Comprobación de que tal prueba ha sido razonadamente tenida como de cargo en función del análisis
del cuadro probatorio en su conjunto ( prueba razonada ).
Dice el recurrente que su condena se basa en las manifestaciones efectuadas por los agentes de
la Policía Nacional y por los taxistas que comparecieron como testigos. A continuación quiere ver ciertas
contradicciones entre las versiones dadas por los policías, lo que significa, sin embargo, que la Audiencia
contó con suficiente prueba de cargo, que fue completada con las declaraciones de los propios acusados, y
la documental obrante en autos, junto a los partes de lesiones, acervo probatorio suficiente para tener por
enervada la presunción de inocencia del recurrente.
El motivo no puede prosperar.
SEXTO.- Este recurrente igualmente formaliza tres motivos en concepto de acusación particular, ya
que en la instancia interesó la condena de los tres policías actuantes como autores de un delito contra la
integridad moral, una falta de lesiones y un delito de la propia naturaleza.
El motivo se formaliza por el cauce autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
por la inaplicación del art. 175 del Código Penal , y 147.1 o subsidiariamente art. 152.1 de citado Cuerpo legal .
Sin embargo, en su desarrollo expositivo, abandonando este planteamiento expositivo, denuncia que el
Tribunal sentenciador entendió que en el relato del escrito de acusación no se imputaban hechos concretos
determinados para cada uno de los acusados, sino una actuación por la que se extralimitaron en el ejercicio de
sus funciones. En efecto, únicamente se destaca en tales conclusiones de la acusación que los funcionarios de
policía, incumpliendo su deber de mesura y proporcionalidad, recurrieron a una violencia innecesaria mediante
un uso innecesario e injustificado de la fuerza. Pues, bien, por amplio que sea el concepto de atentado contra
la integridad moral de una persona que tipifica el art. 175 del Código Penal , han de concretarse actos relativos
a tal conculcación delictiva, fuera de una genérica extralimitación de funciones.
Nos parece razonable que ante el hecho de que los recurrentes tiraran un contenedor de basura
invadiendo la calzada y obstaculizando el tráfico en la vía pública, al punto que un taxi estuvo a punto de sufrir
un accidente de circulación, la policía actúe de inmediato solicitando la documentación de los implicados en
tan ilícita acción, por lo que no vemos extralimitación alguna en tal comportamiento.
En consecuencia, el motivo no puede prosperar.
SÉPTIMO.- En el segundo motivo de casación, desde su posición acusadora, este recurrente, al amparo
de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia error en la apreciación de
la prueba basada en documentos obrantes en autos, y en concreto, informes médicos, fotografías e informe
médico forense, de donde deduce que las lesiones padecidas por el mismo no son compatibles con una
resistencia de la detención, sino a un puñetazo o patadas efectuadas por los funcionarios actuantes. Sin
embargo, el documento literosuficiente ha de acreditar con toda evidencia aquello pretendido por el recurrente,
es decir, en este caso, que tales lesiones no son compatibles con esa situación de activa resistencia y claro
enfrentamiento frente a la actuación de los policías, siendo así, por otro lado, que las lesiones referidas han
sido ya reflejadas en el factum de la sentencia recurrida, por lo que no puede achacarse error alguno en la
apreciación probatoria de lo ya consignado en dicha resolución judicial.
En consecuencia, el motivo no puede ser estimado.
OCTAVO.- Finalmente en el tercer motivo pretende el recurrente ver el vicio sentencial consistente en
que la Sentencia declara que los hechos no se han probado, sin hacer expresa mención de los que resultaren
probados.
El motivo, sin apenas desarrollo expositivo, no puede prosperar.
Como es de ver en la resultancia fáctica de la sentencia recurrida los jueces «a quibus» exponen
todos aquellos avatares de los elementos de hecho que han tenido como probados, tras la práctica de la
prueba ante ellos producida, relatando las consecuencias lesivas de los hechos, sin que hayan consignado
una extralimitación de funciones sencillamente porque no apreciaron tal concurrencia en la actuación de los
agentes.
Recurso de Jorge .
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NOVENO.- En el primer motivo, este recurrente pretende la subsunción jurídica de los hechos
enjuiciados en los parámetros legales del art. 556 del Código Penal , reproche casacional que coincide con
el propugnado por el anterior recurrente en su motivo también primero, por lo que ha de correr igual suerte
desestimatoria, reproduciendo aquí nuestras anteriores consideraciones jurídicas.
En el segundo motivo, esta vez por «error facti», al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal , al no invocarse documento literosuficiente alguno, sino que es un corolario del
motivo anterior, esta queja se encuentra carente de todo fundamento jurídico.
Y finalmente, en el tercero, se invoca el derecho a obtener la tutela judicial efectiva y el derecho a
utilizar los medios de prueba pertinentes, todo ello al amparo de lo proclamado en el art. 24 de nuestra Carta
Magna , siendo así que no se consignan otros argumentos que el proceder, a su juicio, a aplicar la atenuante
de dilaciones indebidas en concepto de muy cualificada.
En consecuencia, esta censura casacional en su conjunto no puede prosperar.
Costas procesales.
DÉCIMO.- Al proceder a la desestimación de ambos recursos, se está en el caso de condenar en costas
procesales a los recurrentes por imperativo legal ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
III. FALLO
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por las
representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge , contra Sentencia núm. 76/2013, de 25 de
junio de 2013 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid . Condenamos a dichos recurrentes
al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por sus respectivos recursos.
Comuníquese la presente resolución a la Audiencia de procedencia, a los efectos legales oportunos,
con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
D Julian Sanchez Melgar , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.